Las compañías acusan vulneración al derecho de propiedad e inconstitucionalidad en el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.
Se plantea, entre otras cosas, una vulneración al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
La Cámara de Diputados y Diputadas despachó este viernes la reforma que permite un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones en las AFP, con miras a lo que pueda pasar en el Tribunal Constitucional.
Entre las tensiones que mantiene el Gobierno con el Parlamento por recurrir al TC con este proyecto, se abre una nueva arista de conflicto y que va directamente relacionado con los pensionados por rentas vitalicias.
«Los pensionados o sus beneficiarios por renta vitalicia podrán, por una sola vez y de forma voluntaria, adelantar el pago de sus rentas vitalicias hasta por un monto equivalente al diez por ciento del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones, con un tope máximo de 150 unidades de fomento», dice la modificación aprobada ayer por la Cámara.
Ante esto, ya se vislumbra -según consignó El Mercurio– que las compañías de seguros, principalmente las estadounidenses como Metlife, Ohio y Principal, acudirían al Tribunal Constitucional y, eventualmente, ante instancias internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
Al TC acudiría argumentando inconstitucionalidad del proyecto por «vulnerar el derecho de propiedad con afectación del patrimonio sin compensación, la vulneración de la intangibilidad de contratos entre privados y la vulneración de la certeza jurídica», según el matutino, aunque se aclaró que no está zanjado un texto definitivo para una eventual presentación.
Y, ante el Ciadi irían con el American Council of Life Insurers -homólogo de la Asociación de Aseguradores de Chile en Estados Unidos- para «facilitar la asesoría jurídica en este país y de ser necesario escalar el conflicto y hacer presente la preocupación y situación de la industria en Chile» ante el gobierno norteamericano, indicó el medio.
También se señaló que existiría una vulneración al Tratado de Libre Comercio con EE.UU. vigente desde 2004, cuyo documento no permite la «expropiación ni nacionalización» de una inversión cubierta, entre otras faltas a distintos artículos que están siendo estudiados por las aseguradoras ante una eventual presentación contra este proyecto.
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